La irrupción de la crisis económica de mediados de 2007, aun siendo en origen una crisis financiera de las economías del primer mundo, ha tenido repercusiones importantes en las economías de los países emergentes. La dependencia de la balanza comercial, intrínsecamente ligada a la globalización, ha sido el canal principal por el que se ha contagiado la crisis entre realidades diferentes. En este contexto, las Instituciones Financieras Públicas (IFP) toman una especial importancia en la recuperación de las economías de sus países.

Una de las principales funciones de la banca pública es la de otorgar recursos para financiar aquellos proyectos o actividades productivas que normalmente no tiene acceso a financiación externa por el canal de la banca  comercial tradicional. Su objetivo es, generalmente, fortalecer el tejido empresarial y mejorar el avance económico de un país. Esta misión no debería estar reñida en ningún caso con que las IFPs estén gestionadas con criterios empresariales, ya que son éstos los que hacen viables estas instituciones.

La crisis acentúa la importancia de que este tipo de entidades equilibre su faceta financiera y su faceta social, pues a menudo las IFPs han sido utilizadas como elementos para acelerar la recuperación en sus países. Recordemos la crisis mexicana de 1994-95. Los mayores bancos de desarrollo de este país experimentaron profundas reestructuraciones y posteriormente, mejoras sustanciales en el cumplimiento de sus objetivos y la manera de ser gestionados, jugando un importante papel para la recuperación del país.

En el pasado, la reestructuración de estas IFPs se realizó fundamentalmente en su faceta de entidades financieras, ya que las debilidades que habían amenazado su continuidad fueron auténticos problemas de sustentabilidad empresarial: solvencia, eficiencia (costes operativos) y liquidez. Sin embargo, el reto para la moderna gestión y dirección de las IFPs es conseguir el debido cumplimiento del mandato. Es decir, lograr los objetivos fijados por los Gobiernos, dentro de las buenas prácticas de la actividad, la sustentabilidad y el desarrollo, tanto en lo económico como en lo social.

Pero ¿cómo saber si se cumple el objetivo? En lo que concierne a la vertiente financiera, la banca tiene muy asumido que debe medir su productividad, su rentabilidad, sus costes, su sostenibilidad, etc. No obstante, ¿cómo se calcula el cumplimiento de los objetivos sociales? ¿Son las IFPs eficaces? ¿Cuánto colaboran al desarrollo de su área de influencia?

Midiendo el desarrollo

Gráfico situación IFP

Para poder medir la contribución al desempeño, AIS ha creado el Índice ALIDE, un instrumento de evaluación de las IFPs que recoge las mejores prácticas con el fin de que las entidades de desarrollo califiquen debidamente su situación, resultados e impacto en el desarrollo económico y social. El Índice permite conocer la solvencia de la entidad, su eficacia, el nivel de movilización de los ahorros que gestiona; pero también aspectos como qué aportación realiza a la creación de empleo y riqueza de la zona.

El Índice ALIDE es una plataforma  de software en constante evolución. Explota la información necesaria para el análisis de riesgo y extiende estos datos microeconómicos a las variables macroeconómicas, que son los principales indicadores del desarrollo.

Este índice multidimensional, incorpora el concepto de “fronteras de eficiencia” lo que permite hacer comparación “inter pares”, ya sea dentro del sector o entre varios países.

AIS lidera proyectos para banca pública con un doble objetivo. Por un lado, el de dotar de metodologías y de sistemas que permitan una sólida identificación y medición de los diferentes riesgos financieros con los que se enfrenta una institución de estas características.

Por el otro, el de proponer mejoras en los procesos tanto operativos como de administración de riesgos y sistemas diseñados para soportar la concesión de créditos, mesa de control y seguimiento del riesgo. Estos proyectos están totalmente alineados con los criterios internacionales de mejores prácticas y cumplen totalmente con la normativa emitida por cada uno de los entes reguladores locales.

El Índice ALIDE puede incorporarse en cualquier entorno informático existente al tiempo que permite su expansión, mejoras e incorporación de nuevos módulos a fin de medir nuevos aspectos o incorporar nuevos elementos regulatorios locales e internacionales o producir estudios de factibilidad del estilo de los de stress test requeridos actualmente por reguladores o los niveles ejecutivos superiores de cada entidad.

Es la única herramienta de software existente y en funcionamiento en la actualidad, que incorpora los niveles de conocimiento de avanzada del sector financiero sin perder de vista las características intrínsecas y limitaciones únicas de este tipo de entidades. Permite además, medir aspectos no financieros como la creación de empleo primario y secundario, formación bruta de capital, aporte a diferentes sectores de actividad, etc.

Las metodologías, mejoras propuestas en los procesos, y sistemas suministrados posibilitan a la entidad perfeccionar su esquema de operación y establecer rigurosos mecanismos de control, lo cual contribuye decididamente en la mejoría de la cuenta de explotación, sin perder de vista el papel fundamental de fomento del desarrollo económico que necesariamente deben de cubrir las organizaciones de banca pública. Y esto es algo que las IFPs deben tener hoy entre sus prioridades, pues garantizando su óptimo funcionamiento y conociendo su contribución real al desarrollo pueden tomar las medidas más oportunas para colaborar al crecimiento de la economía de sus países.

El Índice ALIDE en Ecuador y Perú

José Manuel Aguirre, director comercial de AIS, ha presentado en las últimas semanas el Índice ALIDE ante varias entidades financieras en sendos encuentros organizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo en Quito y Lima, respectivamente.

Ver presentación